El 1 de julio entra en vigor la ley del buen arrendamiento.
Brinda más opciones para que los municipios
protejan a los inquilinos de comportamientos indeseables
de arrendadores y agencias de alquiler.
Habrá una normativa nacional para el buen arrendamiento.
El arrendador no puede discriminar al inquilino.
El arrendador no puede rechazar a un inquilino
basándose en características irrelevantes para el alquiler de una vivienda.
Como por ejemplo origen, discapacidad u orientación sexual.
El arrendador no puede intimidar al inquilino
ni amenazarle con rescindir el contrato de arrendamiento
ni tampoco con cortarle la electricidad.
El arrendador puede pedir un depósito máximo de dos meses de alquiler básico.
El arrendador no puede cobrar gastos de servicio irrazonables.
Debe entregar al inquilino una declaración anual de dichos gastos.
El contrato de arrendamiento debe establecerse por escrito.
El arrendador debe informar al inquilino de los derechos
y las obligaciones generales derivadas de la vivienda de alquiler,
como las normas sobre el aumento anual del alquiler.
El inquilino debe saber dónde hacer consultas sobre la vivienda.
Las agencias de alquiler no pueden cobrar gastos de mediación dobles.
Si la agencia de alquiler trabaja para el arrendador,
no puede cobrar gastos también al inquilino.
Son los llamados gastos de contrato o de administración.
Si el arrendador alquila a un trabajador migrante, además de estas normas
el arrendador registrará el contrato de alquiler
por separado del contrato de trabajo.
La información que el arrendador debe dar al inquilino
debe estar en el idioma de preferencia del trabajador migrante.
Si el arrendador no cumple alguna de estas reglas,
usted puede informar al respecto a su municipio.
A partir del 1 de enero de 2024, cada municipio
debe tener un punto de atención para los inquilinos.
Allí podrán ayudarlo y hacer cumplir la normativa.
Aparte de esta normativa, los municipios pueden establecer
un permiso de alquiler para áreas vulnerables.
Para el alquiler a trabajadores migrantes,
los municipios pueden establecer dicho permiso.
Así podrán fijar requisitos sobre la calidad de la vivienda.